¡Albricias!

Amylkar-Acosta1Amylkar D. Acosta M[1]

Hoy amanecimos en modo paz. Resultó providencial que la fecha de la realización de esta Cumbre do Gobernadores coincida con el Día después del cierre de las negociaciones y la firma del Acuerdo final. Hoy es un día distinto a todos para todo(a)s lo(a)s colombiano(a)s, que no se parece a ningún otro. Cómo no evocar en este momento las palabras con las que concluyó su discurso de posesión el ex presidente Cesar Gaviria el 7 de agosto de 1990: “colombianos y colombianas bienvenido(a)s al futuro”!

Con la firma del Acuerdo final el día de ayer concluyen las negociaciones que se prolongaron por espacio de tres años y medio, para dejar atrás más de 52 años de confrontación armada por la que el país nacional ha pagado un alto precio en vidas humanas. Firmado este Acuerdo, gramaticalmente no estamos hablando de un punto seguido, ni siquiera de un punto aparte, sino de un punto final a la pesadilla en que se les convirtió esta guerra a los colombianos, que sin distingo de raza, credo o religión la hemos padecido, directa o indirectamente. Bien dice Adriana La Rota que “con todo lo que abominamos esta guerra, nos cuesta trabajo imaginarnos vivir sin ella…Frente a la disyuntiva de un pasado horrendo pero conocido y un futuro incierto que exigirá algo nuevo de cada uno de nosotros, el miedo está jugando un papel. Entendamos eso y no dejemos que sea el miedo el que tome la decisión”[2]. Es entendible, entonces, que no sean pocos quienes, como en la Ley de la atracción, se aferran al pasado como el náufrago al madero y prefieran seguir llorando sobre la sangre inútilmente derramada.

Ya que se nos abre la oportunidad de escapar de esa realidad pavorosa que fue (¡qué lindo pretérito!) la guerra con las FARC miremos fijamente a ese horizonte promisorio que nos invita a desbrozar nuevos caminos de paz y esperanza, en lugar de seguir mirando hacia atrás, no vaya a ser que se repita el pasaje bíblico en que la mujer de Lot por hacerlo terminó convertida en estatua de sal. Con este Acuerdo, como lo afirmó en su discurso de posesión el Presidente Santos el 7 de agosto de 2010, se sentarán “las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Se lo propuso el Presidente Santos, insistió, resistió y persistió, se jugó todo su capital político para lograr este Acuerdo y lo logró, para beneficio de todo(a)s lo(a)s colombiano(a)s. Definitivamente, quien persevera alcanza. La paz que ahora nos disponemos a construir se fundamenta en la verdad, la justicia y la reparación, que son la piedra miliar de una paz estable y duradera, que es a la que aspiramos, no nos transamos por menos.

No obstante, como lo afirma magistralmente el escritor William Ospina “al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, sólo llegan para impedir la paz. Después de una guerra de 50 años, es tarde para los tribunales”[3]. Qué le vamos a hacer. La Justicia que esperan las víctimas, además de conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos, unos muertos y otros desaparecidos, es su atención y reparación, más que la severidad de las penas a sus victimarios, que poco o nada contribuyen a ello.

EL NUEVO NOMBRE DE LA PAZ

El Sumo Pontífice Pablo VI dijo en la Encíclica Populorum Progressio que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Por su parte el Papa Juan Pablo II afirmó acertadamente “que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aún siendo deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Están en lo cierto y esa es la importancia que reviste el Acuerdo suscrito: abre las posibilidades para la más profunda transformación política, económica, social y ambiental de nuestro país.

Es esta la oportunidad para el campo, por tantos años relegado al olvido, para que a quienes fueron despojados de su única heredad que era la tierra se les restituya, sin poner en riesgo, como se ha dicho tendenciosamente, la tenencia y la propiedad adquirida con justo título y buena fe. Para que hasta esa Colombia profunda, postergada y atrasada vuelva el Estado por sus fueros, a marcar territorio con su presencia, llevándoles oportunidades de progreso y de inclusión social y de esta manera empezar a corregir la desigualdad de trayectoria que agobia a sus moradores.

Pero es esta, también, la oportunidad para que a través de la nueva apertura política prevista en los acuerdos se oxigene la democracia, se fortalezca el régimen de los partidos políticos y los partidos mismos, para ganar en gobernabilidad y legitimidad, menoscabadas por el corrupción y el clientelismo que las corroe. Ello contribuirá, además, para el fortalecimiento de nuestras maltrechas instituciones. Se ha dicho por parte de Karl Popper que “no necesitamos tantos hombres como buenas instituciones”, pero en nuestro casonecesitamos tanto buenos hombres y mujeres como buenas instituciones.

LA PAZ TERRITORIAL

El Alto Comisionado para la paz Sergio Jaramillo acertó cuando afirmó que la paz es territorial y ello ha sido de buen recibo en las regiones, por razones obvias. En las regiones se abriga el temor de que el centralismo, que se resiste a desaparecer, perviva a estos cambios y a estas transformaciones y que al final tengamos que repetir con el poeta León De Greiff que “todo pasó sin que pasara nada”. Por ello, interpretando el querer de los señores gobernadores y las señoras gobernadoras, hemos sido claros y categóricos con el Gobierno Nacional en demandar un Nuevo trato. Esperamos de él que la implementación de los acuerdos se haga desde los territorios y no desde los escritorios, con un enfoque territorial, diferencial y diferenciado, que consulte la real realidad de las regiones. Reclamamos, así mismo la activa participación, con voz y voto, en todas aquellas instancias de decisión establecidas y en las que se establezcan hacia el futuro para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Se considera, además,  de la mayor importancia contar con unos comités de articulación intergubernamental para el mejor suceso de la gestión pública.

También se le ha planteado al Gobierno Nacional la necesidad de integrar una Misión especial que permita avanzar en la ampliación, profundización y consolidación de la descentralización administrativa y encaminarnos hacia la autonomía territorial, prescrita en la Constitución Política. En este sentido aspiramos y esperamos que se concrete un acuerdo sobre los términos de un proyecto de ley de fortalecimiento territorial para la paz, que cree las condiciones para revitalizar la figura de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y avanzar en el propósito de que las regiones se puedan constituir como entidades territoriales (ET). Así mismo, se debe trabajar por parte de esta Misión en la expedición de un nuevo y actualizado Código de Régimen Departamental.

LOS NUEVOS RETOS A ENCARAR

Finalmente y no por ello menos importante, queremos llamar la atención del alto gobierno sobre la circunstancia de que el verdadero desequilibrio de poderes en este país no es propiamente entre las ramas del poder sino entre el poder central y el poder de los entes territoriales. A lo largo de estos 25 años de la Constitución de 1991, a contrapelo de lo dispuesto por la Carta, se ha venido dando silenciosamente una descentralización disfuncional, delegándole funciones y competencias a los departamentos, pero sin transferirle los recursos necesarios y suficientes para asumirlas.

Y ahora, de contera, los departamentos tendrán que asumir nuevas y variadas competencias de cara al postconflicto, las cuales demandarán su financiación. Por ello, le hemos solicitado al Gobierno Nacional que, en ejercicio de las facultades conferidas al señor Presidente de la República por parte del Congreso se le introduzcan los ajustes necesarios al Sistema General de Participaciones (SGP) de modo que este responda a las nuevas realidades y retos a asumir. Igualmente, vemos en la anunciada reforma tributaria estructural la oportunidad para fortalecer los tributos territoriales y de esta manera arbitrarle mayores recursos propios a las regiones para que estas puedan asumir con éxito el rol que están llamados a cumplir  en el postconflicto.

Saludamos el advenimiento de este nuevo escenario, el del post-acuerdo, que deberá pasar primero por el cedazo de la refrendación popular del Acuerdo final a través del Plebiscito próximo a convocarse, en el que, como lo sostiene el Padre Francisco de Roux, “lo que está en juego no es el futuro del Presidente Santos, ni el futuro político del ex presidente Uribe, ni el futuro del ELN, ni el futuro de las FARC, sino la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos”. A quienes recurren al retruécano con el que se pretende confundir al no poder convencer “decir sí a la paz es votar no al Plebiscito” respondámosle con la coherencia: “decir sí a la paz es decir sí al Plebiscito. Y una reflexión final: para alcanzar la paz no basta con desarmar a las FARC también hay que desarmar los espíritus y, algo muy importante, desengatillar la lengua!

Bucaramanga, agosto 25 de 2016

[1] Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
[2] El Tiempo. Agosto, 13 de 2016
[3] William Ospina

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