El Desequilibrio de Poderes

Amylkar-Acosta1Por Amylkar D. Acosta M[1]

El inveterado centralismo en Colombia hunde sus raíces en la regeneración de Rafael Núñez en el siglo XIX, una vez derrotado el radicalismo liberal en memorable batalla en el curso de una de las tantas guerras civiles que asolaron a Colombia por aquellas calendas. Como la historia la escriben los vencedores, a los radicales se le atribuyeron todas las desgracias que por aquella época condujeron al estancamiento de la desastrada economía y desembocaron en la patria boba. “La Constitución de 1863 ha dejado de existir, sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas de la Humareda. Viva la nueva Constitución!”, sentenció Núñez. Y así pasó Colombia, abruptamente, de un régimen federal a otro centralizado, mediante una fórmula dicotómica: “la centralización política y la descentralización administrativa. Este fue el desenlace de la tensión que perduró desde los albores de la independencia entre dos corrientes ideológicas antagónicas, el federalismo y el centralismo y se resolvió a favor de este último.

La Constituyente de 1991 se convirtió en un hito de la mayor importancia para el país al atreverse no a reformar la centenaria Constitución de 1886 introduciéndole una enmienda más que se vendría a sumar a los remiendos anteriores, dejándola incólume, sino que la cambió de cuajo, dándole a Colombia una nueva Carta. Entre los avances más importantes de esta, además de consagrar como principio fundamental de la Constitución de Colombia el Estado Social de Derecho, fue el reconocimiento de la autonomía de sus entidades territoriales.

No obstante, transcurridos más de 20 años de expedida la nueva Constitución este es uno de los artículos que permanecen como letra muerta, en estado virginal, sin ningún desarrollo, empezando porque ni siquiera se ha podido avanzar un ápice en lo concerniente al ordenamiento territorial prescrito en la Carta Magna. Después de muchos intentos para tramitar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que por mandato de la Constituyente debía expedir el Congreso de la República, este malogró la oportunidad de hacerlo al expedir la Ley 1454 de 2011, al limitarse sólo a transcribir los preceptuado en la propia Constitución cuando de lo que se trataba era de desarrollarlo. Esta sigue siendo una asignatura pendiente.

Este sigue siendo un país en el que prevalece el centralismo, que se resiste a desaparecer y ello se refleja claramente en el desbalance en cuanto a la captación y manejo de los recursos públicos, cada vez más concentrados en el Gobierno central en detrimento de los fiscos territoriales. Es el caso de la estructura del régimen impositivo en el cual es preponderante el recaudo por parte de la Nación, lo cual se deriva del hecho que todas las reformas tributarias que se tramitan a través del Congreso están encaminadas a arbitrarle mayores recursos a la Nación, mientras ha faltado voluntad política tanto de parte del Gobierno como del Congreso de la República para impulsar y aprobar las distintas iniciativas presentadas por parte de los departamentos para fortalecer los ingresos de las entidades territoriales a través de una reforma tributaria territorial.

Definitivamente, tenemos que concluir que el mayor desequilibrio de poderes no es entre las ramas del Poder público, sino entre el poder arrollador y absorbente del Gobierno central y el poder territorial reducido a un capitis diminutio. Firmado el Acuerdo en la Habana se impondrán muchas reformas, pero la principal de ellas es el reajuste institucional, pues la actual arquitectura institucional no es la más adecuada para construir la paz y que esta sea estable y duradera. Será menester acometer cambios en la forma de gobernar, de hacer política y en el relacionamiento del Estado y la política con los ciudadanos. El columnista Francisco Gutiérrez Sanín dice algo muy cierto: “hay problemas muy serios en la configuración de nuestro sistema político y en la manera en que partidos y Estado se instalan en las regiones”. Se impondrá, por fuerza de las circunstancias, un re-equilibrio de poderes, en donde las regiones tengan más poder, al tiempo que este se ejerza con mayor transparencia y probidad, pues, como bien lo ha dicho el general Naranjo “la corrupción es el peor enemigo de la paz”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.