Los Retos en los Servicios Pùblicos

Amylkar-Acosta1Amylkar D. Acosta M[1]

Ya a finales de los años 80, luego de la liquidación del INFOPAL en 1987, se procedió a crear la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, como una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, mediante el Decreto 77 de ese mismo año. En este momento el DNP asume su papel de planeador y la financiación de los programas de aguas y saneamiento corren por cuenta de una nueva entidad que se creó mediante la Ley 57 de 1989, FINDETER. El control de la calidad del agua quedó a cargo del Ministerio de Salud. Ya para entonces este modelo tan complejo y difícil de integrar empezó a hacer crisis, sobre todo porque la mayoría de las empresas que hacían parte de este sistema se fueron burocratizando, clientelizando. La ineficiencia y el mediocre desempeño de muchas de ellas las fue convirtiendo en una vena rota para el Estado.

Este fue el terreno abonado que encontró el nuevo modelo de economía que empezaba a hacer carrera en Latinoamérica, más conocido como el Consenso de Washington, que tenía más de Washington que de consenso. El nuevo paradigma era el de la desregulación, las privatizaciones y la liberación del régimen cambiario. Fue en este contexto en el que se convocó una Asamblea Constitucional, que a poco andar derivó en una Asamblea Constituyente. El organismo que se concibió para reformar la centenaria Constitución de 1886 terminó expidiendo una nueva Constitución Política. Pero, como ninguna de las fuerzas políticas representadas en la Constituyente tenía las mayorías para imponerse, lo plasmado en la Carta terminó siendo una solución de compromiso entre distintas tendencias ideológicas, lo cual explica muchas de sus ambivalencias y ambigüedades.

En lo atinente a los servicios públicos, no se optó ni por las posiciones estatistas de unos ni por las posiciones privatizadoras de los otros. Se impuso un híbrido, en donde se abre nuevamente la posibilidad de que los privados presten los servicios públicos pero el Estado se reserva la regulación, la vigilancia y el control de su prestación. Para la regulación se les dio vida a las comisiones de regulación, integradas por expertos en sus áreas respectivas y la vigilancia y el control quedó en cabeza de la Presidencia de la República, quien la ejerce a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Es claro que es competencia y atribución del Estado asegurar su prestación eficiente, no importa que sea a través de empresas oficiales o privadas.

La Ley 142 de 1994 se encargo de desarrollar lo preceptuado en la Constitución Política, fortaleciendo la descentralización y estimulando la participación de la iniciativa privada, garantizándole a esta reglas claras y estables. En casos extremos en los que las empresas prestadoras de los servicios públicos pongan en riesgo su prestación con calidad y sin intermitencias, el Estado las puede intervenir, ya sea con fines de administración o de liquidación de las mismas según el caso. Ello en cuanto que los servicios públicos se asumen como un derecho colectivo de los ciudadanos. Al fin y al cabo mediante la prestación de los servicios públicos es como el Estado cumple con uno de sus fines esenciales, cual es “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados  en la Constitución”, como lo establece el artículo 2º de la Carta.

Indudablemente la Ley 142 de 1994 ha constituido un avance muy importante para el país, al igual que la 143 del mismo año. Gracias a ella se ha progresado en cobertura y calidad de la prestación del servicio, el régimen tarifario responde a las señales propias de la gestión empresarial eficiente, reconociéndole sus costos y sus inversiones a quien lo presta, pero aplicándolo con los criterios de equidad y redistribución. Para ello han servido tanto los subsidios cruzados entre estratos como aquellos que asume el Estado vía Presupuesto General de la Nación. Los 20 años de su vigencia ameritan que se haga una evaluación seria y concienzuda sobre los logros y los retos. El mayor riesgo de no hacerlo es caer en la autocomplacencia, que es tremendamente nociva en la gestión pública.

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