Sector Enérgetico de Clase Mundial

Amylkar-Acosta1Amylklar D. Acosta M[1]

En Colombia en materia de servicios públicos, particularmente del servicio público de energía, hay un antes y un después de las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales recogieron las lecciones aprendidas de la debacle que le significaron al país los 14 largos meses de racionamiento del servicio de energía eléctrica en todo el territorio nacional, que le pasaron una factura de punto y medio del PIB a la economía nacional. Hasta entonces la prestación de este servicio era privativo del Estado y las tarifas que se cobraban eran administradas por este, primando el criterio político, a partir de la entrada en vigencia la Ley eléctrica quedó claramente establecido que la prestación de este servicio se rige por los principios de “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. Con la nueva Constitución Política de 1991 y estas leyes que la desarrollaron se estableció una nueva arquitectura institucional, en la cual la iniciativa privada tiene un amplio campo de acción en toda la cadena, desde la generación hasta su distribución.

Esta mixtura del sector público y privado es la que ha permitido que el país cuente con un sistema robusto que le ha garantizado a Colombia confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio. Es más, en los últimos 20 años de vigencia de este nuevo modelo se han registrado tres episodios del fenómeno del Niño, el mismo que colapsó el sistema eléctrico entre 1992 y 1993, sin que se tuviera que racionar la prestación del servicio, como sí ocurrió en otros países de la región. En gran medida ello se debe alcargo por confiabilidad, una especie de seguro que ha hecho posible la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de expansión eléctrica. De allí la holgura con la que cuenta el país, que cuenta con una capacidad instalada de generación que supera los 15.489 MGW de potencia (29% térmica y 70.4% hídrica) en momentos que la demanda máxima en horas pico es de sólo 10.000 MGW. Ello es de particular importancia dado que una de las moralejas que nos dejó el apagón de comienzos de los años 90 fue que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere.

Esta historia de éxito le ha valido a Colombia un gran reconocimiento  a su sistema energético que podemos catalogar como de clase mundial. Colombia apenas sí ha mejorado su posicionamiento en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial (FEM) al pasar del puesto 69 entre 148 países evaluados en el reporte 2012 – 2013 al puesto 66 entre 144 países. En contraste con el sector de infraestructura, que es en donde Colombia tiene las mayores falencias y por ello ocupa la posición 84, en cambio el Índice de desempeño de su arquitectura energética del mismo FEM muestra a Colombia en el puesto 7 entre 124 evaluados. Entre tanto, según el Índice de sostenibilidad Energética 2013 del Word Energy Council, Colombia ocupa el puesto 24 entre 129 países del orbe, mejorando el puesto 29 del 2011.

La excelencia de la arquitectura institucional del sector y su reconocimiento internacional, los avances en materia regulatoria y los logros en materia de cobertura y calidad en la prestación del servicio,excepción hecha de la región Caribe por razones bien conocidas, no nos debe llevar a la autocomplacencia. De allí la pertinencia de la convocatoria por parte de la FND y el BID del Dialogo en torno al Desafío del Sector energético de cara al postconflicto para tomarle el puso y recomendar los ajustes que sean necesarios.

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