Una Quimera[1] Llamada Cadena Perpetua

La Política Criminal “Es el conjunto de finalidades rectoras que orientan el derecho penal subjetivo” (Roxin).

Por: José Luis Moreno Caballero. * 

Primero debemos resaltar que, considero de vital importancia para un Estado Social y Democrático de Derecho, la protección de los menores de edad, quienes por su condición de vulnerabilidad han sido los más afectados por conductas tan despreciables y reprochables como lo son el acceso carnal y el acto sexual contra menor de 14 años.

Ahora bien, ello no quiere decir que por el simple hecho de elevar las penas, estableciendo en este caso una cadena perpetua para los actores que incurran en las descripción típica del delito, ya vamos a conseguir la protección y disminución real de estas conductas, cuando como muy bien sabemos, en especial los académicos del derecho penal, está demostrado que no existe un estudio que evidencie la disuación o inhibición de la voluntad delictual, relacionada al incremento punitivo, o ¿qué beneficios ha obtenido la justicia al haber incrementado la tasa punitiva en otro tipo de delitos? Así pues, se rompe el argumento falaz de que, esta modificación constitucional será la solución al mal que hoy nos aqueja.

Por el contrario, de la aprobación del proyecto de acto legislativo, no solo surgen dificultades profundas desde el ámbito económico, entiéndase su sostenibilidad, sino, por otro lado, emanan razones jurídicas suficientes que desligitiman tal iniciativa, interrogantes como ¿a partir de qué momento empieza a regir la prescripción de la acción penal, cuando la Carta Magna y la regulación internacional en materia de derechos humanos rechaza contundentemente la existencia de penas imprescriptibles?, afectación, a un sistema más o menos armónico, que va más allá de lo expuesto, resquebrajando, tajantemente, los fines y funciones de la pena establecidos en nuestro ordenamiento jurídico penal, ya que, nótese, la función resocializadora de la pena, materialmente, no se cumpliría. Para nadie es un secreto que las cárceles se han convertido en escuelas o academias delictuales, conllevando a la profesionalización de la actividad criminal.

 Con esto, debemos resaltar lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, en lo referente a la construcción de una política criminal adecuada e idónea, la cual debe “(i) respetar el uso del derecho penal como uìltima ratio; (ii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iii) buscar como fin primordial la efectiva resocializacioìn de los condenados; (iv) entender las medidas de aseguramiento privativas de la libertad como excepcionales; (v) estar sustentada en elementos empiìricos; (vi) ser sostenible; (vii) hacer una medicioìn de costos en derechos econoìmicos; y, finalmente, (viii) proteger los derechos humanos de los presos”.

 Por consiguiente, es evidente que no podemos volver a épocas malévolas en donde el sentimiento de injusticia y de venganza guiaban los pasos de una nación, véase el nacional socialismo, en donde, hechos tan crueles e inhumanos eran aceptados por la sociedad, pero no por ello, dejaron de ser actos aberrantes que desconocieron la dignidad humana. Dicho esto, si no se realiza una reforma real y sustancial al sistema de justicia que lo dote de las herramientas necesarias para el cumplimiento de los fines constitucionales, continuaremos convirtiendo la protección de la dignidad y derechos de los niños en una quimera, en otras palabras, será un saludo a la bandera, porque modificar la Constitución Política para permitir la Cadena Perpetua revisable no será la solución material y eficiente que la sociedad espera para este tipo de delitos, por lo que, indiscutiblemente, va a terminar afectando la imagen de la administración de justicia, pero sobre todo, la confianza que el ciudadano tiene de ella.

En conclusión, debemos optar por otras medidas que inhiban a los posibles delincuentes de cometer una conducta reprochable penalmente, un ejemplo sería, fortalecer a los administradores de Justicia (Jueces) y a la Fiscalía General de la Nación (fiscales y cuerpo técnico), con el fin de que, se mejore la eficiencia y eficacia de la persecución penal, teniendo en cuenta que, el delincuente decide, en muchos casos, incurrir en el tipo penal, al considerar que no será aprendido por su actuar, es decir, el quantum punitivo pasa a un segundo plano.

Por todo lo anterior, y por muchas más razones, es que consideramos que aplaudir o celebrar la aprobación en el tercer debate, del Senado de la República, solo demuestra el desconocimiento de la razón óntica de un Estado Social y Democrático de Derecho y, del Sistema Penal Acusatorio, tildando estas medidas como populistas y poco razonables.

*CEO de la firma MUVA LEGAL. Abogado litigante de la Universidad Del Rosario, con Profundización en Derecho Constitucional, Especialista en Derecho Penal de la misma universidad y Candidato a Magíster en Justicia y Tutela de Derechos con Énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.

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  1. Excelente articulo, donde los que no ejercemos el derecho como profesión no explica un poco más las causas faltantes por las cuales aún no se conlleva a una cadena perpetua, ya que nuestro sistema aún falta fortalecimiento para poder llegar a este fin, excelente articulo Dr Jose Moreno.

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  2. Nelly Ceballos Caballero 11 diciembre, 2019, 8:00 am

    Muy bien argumentado … en mi humilde opinión yo diría que en vez de cadena perpetua se les pusiera una inyección que anulará el deseo sexual de manera que quedaran “castrados” por decir y así no siguiera siendo un peligro latente para la sociedad …

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